Nota de opinión:
A partir de las recurrentes fugas de los últimos meses, Jorge Macri y Bullrich presentaron un plan de acción para reducir la superpoblación en las comisarías porteñas. El mismo consiste de la incorporación de 19 nuevos módulos de detención y de 2000 tobilleras electrónicas.
Firma, Federico Pretzel
El gobierno porteño anunció el pasado 3 de mayo, una serie de medidas para controlar el problema en materia de seguridad que viene azotando a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires hace ya algunos años.
A raíz de las continuas fugas de las comisarías y alcaidías porteñas (el año pasado fueron 41 y en el actual van 19 fugas), el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, junto a la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentaron ante la ciudadanía el plan de acción gubernamental que tiene como principal objetivo reducir la superpoblación carcelaria en las alcaidías y comisarías de la Ciudad.
Hoy en día, entre las alcaidías y las comisarías porteñas se encuentran privados de su libertad más de 2000 personas que aguardan su traslado a un Centro Penitenciario Federal que cumpla con lo establecido por la Constitución Nacional.
El principal eje de dicho plan estará basado en dos tiempos distintos. En el corto plazo, se instalarán en el interior de la Comunal 4D de Barracas, la Comunal 12 de Saavedra y la Comunal 15 de Chacarita, 19 módulos de detención, equipados y preparados para alojar a 300 detenidos. A su vez, y en línea con reducir la población al interior de los establecimientos, se avanzará con la incorporación de 2000 tobilleras electrónicas.
En lo que refiere al largo plazo, se construirá una Alcaidía Central en la zona sur de la Ciudad, encontrándose ya aprobada la primera parte de la licitación que permitirá arrancar con las obras. El plazo estimado de finalización de la obra es de 1 año, sumándose 700 plazas para relocalizar a la población carcelaria.
A su vez, para el año 2025 se espera concluir con las obras comenzadas en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz con el objetivo de trasladar a los 1800 detenidos que se encuentran privados de su libertad en la cárcel de Devoto. Si bien, este último elemento no guarda relación directa con lo que sucede en las comisarías y alcaidías porteñas, es una obra que la Ciudad se había comprometido a realizar junto al Estado Nacional para proceder con la demolición del penal de Devoto.
La necesidad de avanzar con las obras se fundamenta en que en los últimos 4 años, la población carcelaria en las comisarías aumentó de forma exponencial, pasando de ser de alrededor de 60 personas a más de 2000, siendo este un elemento violatorio de la ley penal nacional ya que el límite de detención en estos establecimientos no puede superar las 48 horas.
Las personas que se encuentran detenidas en las comisarías están bajo condiciones precarias, ya que las celdas no cuentan con baños y el hacinamiento es algo corriente, sumándole que el personal policial no está preparado para lidiar con las problemáticas que surgen de la diaria en el ámbito penitenciario.
La Ciudad de Buenos Aires posee una capacidad para alojar en su infraestructura carcelaria a 1041 detenidos, encontrándose el sistema porteño completamente colapsado ya que los números actuales duplican las capacidades instaladas.
La actualidad no es más que un reflejo de las enormes limitaciones que han tenido las administraciones porteñas para brindar un servicio público de seguridad de calidad a la altura de un territorio que se encuentra entre las ciudades más ricas del planeta.
El nulo avance en el traspaso de las competencias en materia judicial (contempladas en la reforma constitucional del año 1994 que reconoce a la Ciudad de Buenos Aires como un territorio autónomo) es evidente. Principalmente en lo que refiere a los tribunales siendo que en la actualidad existe un funcionamiento judicial tripartito, único en todo el país, comprendido por Tribunales Federales, Tribunales Nacionales y la Justicia propia de la ciudad, que tiene como consecuencia un sistema saturado, ilegal (a la violación de las garantías constitucionales sobre los establecimientos de detención se le suma que solo el 20% de los detenidos tiene condena firme) y completamente desordenado (el 94% de los detenidos en comisarías y alcaidías porteñas se encuentra bajo un proceso judicial Federal o Nacional).
La manifestación material de esta problemática se cristalizó en 2023 y en 2024 con las fugas de los detenidos de los establecimientos carcelarios, generando una seria “sensación” de inseguridad para los vecinos de la Ciudad.
