La titular del IPROSS, Marcela Ávila, ha presentado tres denuncias penales por defraudación contra la obra social de los rionegrinos. Estas maniobras fraudulentas fueron descubiertas tras rigurosas auditorías realizadas desde el inicio de su gestión. En dos de los casos, los pagos de la obra social se efectuaron hasta febrero pasado por supuestos servicios facturados.
En uno de los casos, un establecimiento de salud mental en General Roca informó al IPROSS que 43 personas afiliadas estaban recibiendo prestaciones como pacientes psiquiátricos. Sin embargo, la investigación reveló que solo cinco afiliados recibían tratamiento, y la mayoría de los facturados nunca ingresaron al establecimiento.
En otro caso, una enfermera que reside en Mendoza facturaba al IPROSS por el cuidado de una menor, hija de una afiliada con domicilio en El Bolsón. Estos hechos ocurrieron entre octubre de 2022 y marzo del presente año.
La última denuncia se relaciona con la presentación de facturas falsas, recibos de haberes falsos y falsificación de firmas de profesionales médicos. Presuntamente, un afiliado de Cinco Saltos cometió estos actos fraudulentos entre mayo de 2022 y marzo de 2024. Estos hechos podrían constituir elementos del delito de fraude agravado, ya que afectaron a la administración de la obra social provincial. Además, los acusados incurrieron en falsedad ideológica al falsificar documentos como planillas de reintegros y declaraciones juradas de domicilio.
