Judicializarán la situación en varias localidades afectadas.
Se han formalizado recursos judiciales en las ciudades de Neuquén capital, Bariloche, Viedma y General Roca para impedir el cierre de sucursales del Correo Argentino.
En respuesta a las continuas protestas realizadas en las sucursales de San Patricio del Chañar, Añelo, Villa Manzano y Neuquén capital, la próxima semana se presentarán amparos en Bariloche, Viedma y General Roca. Rafael Troppa, secretario general del gremio postal, había pedido la intervención de las autoridades provinciales de Neuquén, similar a la respuesta que se obtuvo del gobernador y legisladores de Río Negro. No obstante, hasta ahora, no se ha logrado tal acercamiento.
Sobre la intervención del diputado nacional Osvaldo Llancafilo en la situación de Andacollo, Troppa señaló que solo ha recibido apoyo del diputado provincial Gabriel Álamo en Neuquén. Además, se prevé que Piedra del Águila también perderá su servicio postal. En Río Negro, se planea cerrar varias sucursales el próximo 31 de mayo, afectando a localidades como Chichinales, Huergo, Fernández Oro, Cervantes, Godoy, Comallo, Valcheta, Chimpay, Las Grutas y Sierra Grande.
Llancafilo declaró a un medio local que la resolución de mantener algunas sucursales en Neuquén es un ejemplo de institucionalidad. Comentó que, tras ser contactado por el intendente Manuel San Martín, gestionó rápidamente la situación ante el Ministerio del Interior de Nación, logrando que el gerente de Recursos Humanos de la empresa confirmara que la sucursal de Andacollo no se cerraría.
Troppa anunció que la próxima semana se presentarán amparos en Viedma, Bariloche y General Roca. Además, la Legislatura de Río Negro solicitó al Poder Ejecutivo Nacional intervenir de manera urgente para evitar el cierre de sucursales en Sierra Grande, Fernández Oro, Chimpay, Chichinales, Ingeniero Huergo, Barda del Medio y Cervantes.
“Creemos en la necesidad de un Estado eficiente, pero no a costa de los derechos de las personas ni desatendiendo la gestión de una Nación. Las decisiones deben tomarse de forma responsable y cuidadosa, sin comprometer el acceso a servicios esenciales para la población, especialmente en áreas rurales y comunidades vulnerables”, concluyeron en sus fundamentos.
